La cantera de “El Zacacho”, propiedad de Pedro García Balibrea (máximo responsable de la mercantil ARIMESA y Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), inició sus trabajos en 1974, cuando Santomera era todavía una pedanía, con licencia del Ayuntamiento de Murcia, siendo alcalde de la capital Clemente García, actual Secretario de la CROEM y siendo alcalde pedáneo, José María Sánchez Laorden, padre del actual alcalde José María Sánchez Artés. O sea, que lleva funcionando casi 35 años.
En 1999, un vecino de la cantera, Juan Carlos Díaz Beltrán, como consecuencia de las molestias sonoras, psíquicas y ambientales, inicia un proceso contra la cantera de Arimesa. A ello, habría que unirle varias denuncias de Ecologistas en Acción.
El Ayuntamiento de Santomera, siendo alcalde el socialista José Antonio Gil Sánchez, abre varios expedientes contra la cantera por contaminación sonora y ambiental. Sin embargo, se encuentra con enormes dificultades técnicas, hasta el punto de que el último expediente todavía “vivo” se archivo en 2008 por la imposibilidad de determinar qué ruido procedía de la cantera y cuál de la autovía, dada su proximidad.
Ante tal situación, y consultados expertos en Derecho Minero, José Antonio Gil opta por acotar la explotación (condenándola al cierre) protegiendo la Sierra de Orihuela, a través del Plan General Municipal de Ordenación.
En Junio de 2007 se produce el relevo en la alcaldía, pasando a ocuparla el popular José María Sánchez Artés.
El 30 de Abril de 2008, el Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia firme (que no admite recurso) declara ilegal la cantera. Su Magistrado Ponente, Enrique Quiñonero Cervantes, establece que “la licencia es para lo que es, es decir, la instalación de trituración y clasificación de áridos” y no está incluida en ella la explotación de la cantera. Igualmente, establece que la planta de producción de hormigón incluida en la cantera carece de cualquier tipo de licencia.
En Agosto de 2008 se aprueba de forma definitiva el PGMO. Pero la Comunidad Autónoma deja en suspenso determinadas partes de éste, entre ellas las relativas a la cantera de ARIMESA, eliminando por tanto la protección a la Sierra de Orihuela.
Pero va aún más allá. El 17 de Julio de ese mismo año, la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de Murcia, amplía el área de explotación de la cantera, mediante “concesión directa de explotación”. Con ello, extiende de una forma desmesurada el terreno susceptible de extracción de áridos.
Paradójicamente, el Fiscal regional de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, en Octubre de 2008, llama a declarar como imputado al ex alcalde José Antonio Gil Sánchez por un delito de prevaricación por omisión, por entender que no había hecho nada para parar la explotación de la cantera.
Pero, la cosa llega a alcanzar tintes kafkianos cuando el pasado Viernes, día 6 de Febrero, aparece la noticia según la cual se le imputa a José Antonio Gil un delito ecológico del artículo 329 del Código Penal, que a día de hoy, todavía no le ha sido notificado.
A día de hoy, pese a la sentencia del TSJ la empresa ARIMESA sigue explotando la cantera de El Zacacho, dándose la circunstancia que el único responsable político que se encuentra inmerso en el proceso es el ex alcalde José Antonio Gil, pese a que fue quien impulsó, a través del PGMO, el futuro cierra de la cantera, mucho antes que la citada sentencia.